En auto del 12 de febrero de 2026, dentro del proceso de nulidad contra el Decreto 1469 de 2025, el Consejo de Estado adoptó una decisión cautelar que impacta la fijación del salario mínimo para 2026, pero con efectos muy precisos que es indispensable comprender correctamente.
A continuación, un resumen claro y práctico para nuestros clientes de Tienda Legal.
El decreto expedido por el Gobierno cumple una función específica dentro del marco del control judicial:
Desde una perspectiva estrictamente legal, no se produjo un vacío normativo. La intervención del Consejo de Estado, mediante auto del 12 de febrero de 2026, suspendió provisionalmente el decreto original y ordenó la expedición de un nuevo acto transitorio mientras se decide la demanda de nulidad. El Ejecutivo dio cumplimiento a esa orden, reiterando el incremento y reforzando la motivación técnica del acto administrativo.
Impacto práctico para las empresas
En contextos de revisión judicial de actos administrativos, suele surgir preocupación operativa en las áreas de talento humano y contabilidad. Sin embargo, en este caso, las implicaciones son limitadas.
En consecuencia, cualquier ajuste en nómina que implique reducción o reliquidación carecería de sustento normativo.
Gestión interna recomendada para pymes
Aunque no se requieren cambios económicos, sí es aconsejable una adecuada gestión documental y preventiva:
La estabilidad jurídica no elimina la necesidad de una gestión ordenada; por el contrario, la refuerza.
Preguntas frecuentes
¿El salario mínimo 2026 fue anulado? No. Existe una suspensión provisional del decreto original, pero fue reemplazado por un decreto transitorio que mantiene el mismo valor.
¿Existe una sentencia definitiva? No. El proceso judicial continúa. La decisión actual corresponde a una medida cautelar.
¿Debo esperar un nuevo aumento o reducción inmediata? No. El valor vigente permanece sin modificaciones.
¿Qué ocurriría si más adelante hay una sentencia de fondo? En ese escenario deberá analizarse el alcance concreto de la decisión judicial. Por ahora, la norma aplicable es el decreto transitorio vigente.
Más allá del debate jurídico, el efecto real para el sector empresarial es de continuidad normativa. El Gobierno acató la orden judicial y expidió un nuevo acto que mantiene intacto el salario mínimo 2026.
Para las pymes, la prioridad debe ser operar con coherencia, respaldo documental y seguimiento permanente del proceso judicial, sin adoptar medidas apresuradas basadas en interpretaciones incompletas.
En un entorno regulatorio dinámico, la clave no es reaccionar con alarma, sino con criterio jurídico y orden administrativo.
En este escenario, la regla práctica para las pymes es clara: mantén el valor vigente y opera con consistencia bajo el decreto transitorio expedido. Lo importante ahora es evitar interpretaciones imprecisas o ajustes innecesarios que generen desorden en nómina, contratos o soportes internos.
Nuestro equipo te acompaña a interpretar el alcance jurídico real del decreto transitorio y a dejar por escrito lineamientos internos claros, para que tu empresa gestione su operación laboral con seguridad jurídica, coherencia y respaldo documental.